El Gobierno federal avisó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el sábado 18 de enero un avión Hércules C-130 de Estados Unidos aterrizaría en el Aeropuerto de Toluca para trasladar a marinos y no a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como informó la Presidenta.
Por ello, a partir de esa notificación, el senador panista Ricardo Anaya exigió al Gobierno que informe con toda certeza quiénes viajaron y bajo qué marco jurídico.
"Hoy se nos dice que ese mismo avión, en ese mismo aeropuerto y en esa misma fecha, vino para transportar a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esa versión no coincide con el documento oficial que el Ejecutivo presentó al Senado y que jamás obtuvo autorización".
El oficio que envió el Gobierno decía a la letra:
"La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad exclusiva que le concede el artículo 76, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede autorización a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 60 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para que participen en el evento 'Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales', que se llevará a cabo del 18 de enero al 13 de marzo de 2026, en Camp Shelby, Mississipi, Estados Unidos de América, trasladándose a bordo de una aeronave militar de la Fuerza Aérea Estadounidense C-130 Hércules, que despegará el 18 de enero de 2026 del Aeropuerto Internacional de Toluca, México, para aterrizar en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos de América y retornando a territorio nacional el 13 de marzo de 2026", reza el documento.
Para Anaya, ese hecho no es un simple detalle administrativo, es un problema "de respeto a la Constitución y a las facultades exclusivas del Senado".
"Exigimos transparencia total y respeto constitucional: que se informe con precisión quiénes viajaron, de qué institución eran, bajo qué marco jurídico lo hicieron y por qué se ejecutó una operación que el propio Gobierno sometió al Senado sin que éste la aprobara. Cooperación sí. Opacidad no. Y respeto absoluto a las facultades constitucionales del Senado", demandó.
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