Luego de que el Congreso de la Unión aprobó el miércoles un exhorto para que la Fiscalía de Nuevo León investigue las denuncias de triangulaciones del Gobernador Samuel García, el emecista insistió ayer en que no hay delito en las transferencias millonarias que proveedores de su Administración han realizado a su despacho particular.
No obstante, el Mandatario se encuentra amparado para evitar ser sancionado por esas operaciones, exhibidas desde el 2024 por Grupo REFORMA.
Ante la posibilidad de un juicio político en su contra por las triangulaciones, García obtuvo la protección de una jueza de Distrito a la que promovió durante la elección judicial, y también consiguió una suspensión de la Ministra Estela Ríos, de la Suprema Corte.
Ambos recursos impiden por el momento que se ejecute una resolución condenatoria contra el Gobernador, quien ayer difundió un video alegando que el caso ya fue investigado por la Fiscalía General del Estado, y no encontró elementos para ejercer acción penal.
"Ya fui investigado, (por) autoridades competentes, no diputados y no EL NORTE", expuso.
"Este asunto ya es viejo", insistió, "hace un año, en agosto del 2025, se notificó a Samuel García y a la Tesorería del Estado que no existía daño patrimonial y, por ende, no ejercicio de la acción penal".
El Gobernador negó haber sido ayudado por el Fiscal General, Javier Flores, que empezó a perfilar el no ejercicio de acción penal tras su llegada al cargo, en febrero del año pasado.
Sostuvo que la Fiscalía no podría investigarlo dos veces por los mismos hechos, indicando que es "cosa juzgada", aunque la carpeta de investigación no fue judicializada.
"Comparecimos, nos requirieron, checaron nuestras cuentas bancarias, y digo 'nos' porque aunque ya no soy parte de la firma, pues sí fui parte", dijo el Gobernador, que ha insistido en que los pagos de los proveedores a los despachos de él y su familia son por servicios legales prestados desde el 2015.
Sin embargo, Grupo REFORMA ha evidenciado que las transferencias a los despachos del Mandatario y su familia se realizaron entre el 2021 y 2023, y al menos tres veces estas transacciones se realizaron sólo horas después de que el Gobierno liberó pagos millonarios a esos mismos proveedores.
"Que se me investigue, no hay nada qué esconder", aseguró ayer el Gobernador, quien mantiene vigentes las dos suspensiones para evitar posibles sanciones.
El punto de acuerdo aprobado en el Congreso de la Unión fue impulsado por diputadas de Morena y aprobado el 29 de julio por la Primera Comisión.
"El ejercicio del gasto público debe estar sujeto a la máxima transparencia. Por lo que, las acusaciones sobre esquemas de triangulación financiera que involucran depósitos directos o indirectos hacia despachos jurídicos privados o entes vinculados a servidores públicos de alto nivel, como el del Gobernador de Nuevo León, constituyen indicios que, de acreditarse, atentarían contra la integridad institucional y ameritan una pronta aclaración ministerial por parte de la autoridad competente", se argumenta.
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