Después de 18 años de conflictos sin resolver, omisiones institucionales y demandas sociales ignoradas, el Gobierno de Sonora encabezado por Alfonso Durazo concretó en 2025 un hecho histórico al lograr el primer acuerdo integral y definitivo que da solución a la deuda social y ambiental con Cananea y las comunidades del Río Sonora.
Gracias a la voluntad política del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y del Gobierno de Sonora, se concretaron los Planes de Justicia que permiten saldar una deuda histórica mediante una inversión de 2 mil 222 millones de pesos, destinados a atender de manera integral los efectos del derrame en el Río Sonora y a resolver el conflicto laboral de la mina de Cananea, que permanecía sin solución desde hace casi dos décadas.
“El conflicto más complicado puede resolverse cuando hay voluntad política y sentido social. Este acuerdo representa justicia, dignidad y reconciliación para Cananea y para las comunidades del Río Sonora”, afirmó el gobernador Alfonso Durazo.
Con este acuerdo, se pone fin a una de las huelgas más prolongadas del país, beneficiando a más de 651 trabajadores de la Sección 65, y se garantiza atención integral a los habitantes de los ocho municipios afectados por el derrame ocurrido hace once años.
El mandatario estatal reconoció la sensibilidad y el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender dos de los pendientes sociales más importantes heredados por administraciones anteriores: la huelga minera de Cananea y la contaminación del Río Sonora.
“Durante años resistieron sin perder la esperanza. Hoy su lucha encuentra justicia. Este es un logro de quienes nunca se rindieron y de un gobierno que decidió escuchar y actuar”, expresó.
El acuerdo contempla una inversión total de 2 mil 222.6 millones de pesos, de los cuales 1,500 millones serán aportados por Grupo México, 483.6 millones por el Gobierno de México y 180 millones por el Gobierno del Estado.
A partir de enero de 2026 iniciará la implementación del plan integral, que incluye estudios ambientales, saneamiento de suelos, monitoreo permanente de la calidad del agua, construcción de 16 plantas potabilizadoras, sistemas de desinfección y modernización de infraestructura hidráulica.
En materia de salud, se contempla la transformación del hospital comunitario de Ures en un hospital regional con 60 camas, 21 consultorios de especialidad, área de cuidados intensivos, un centro de atención renal con hemodiálisis, laboratorio especializado en metales pesados y un albergue para familiares de pacientes.
Este logro consolida un paso histórico hacia la justicia social y ambiental, y reafirma el compromiso del gobernador Alfonso Durazo y de la presidenta Claudia Sheinbaum con un modelo de desarrollo humano, responsable y con profundo sentido social.
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