El Pentágono habría utilizado una aeronave secreta con apariencia civil en el primer ataque contra una embarcación que, según la Administración del presidente Donald Trump, transportaba drogas, una operación que causó la muerte de 11 personas en septiembre pasado en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, informaron funcionarios al diario The New York Times bajo condición de anonimato.
De acuerdo con el periódico, la aeronave no llevaba armamento visible bajo las alas y ocultaba sus municiones dentro del fuselaje, además de no presentar ningún tipo de apariencia militar. Funcionarios citados por el rotativo señalaron que observaron imágenes de vigilancia del ataque.
Las grabaciones muestran que la aeronave descendió a baja altura y que la embarcación regresó hacia Venezuela tras avistarla, antes del primer ataque.
La operación fue una de más de 35 ejecutadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas internacionales, bajo la justificación de combatir el narcotráfico en el marco de la misión denominada 'Lanza del Sur'.
Según el New York Times, dos sobrevivientes del primer ataque parecieron saludar posteriormente a la aeronave desde restos del casco volcado, antes de morir en un segundo ataque que también hundió los restos de la embarcación, lo que ha intensificado las críticas sobre la legalidad de la operación.
Desde entonces, el Ejército estadounidense ha optado por emplear aeronaves militares claramente identificables, incluidos drones MQ-9 Reaper, en ataques posteriores.
En una operación realizada en octubre, dos sobrevivientes lograron escapar nadando y fueron rescatados y repatriados a Colombia y Ecuador, evitando un segundo ataque, detallaron funcionarios.
Los ataques ocurrieron antes de que, el pasado 3 de enero y por orden del presidente Trump, fuerzas militares estadounidenses desplegadas cerca de Venezuela ingresaran al país para capturar al líder de Caracas, Nicolás Maduro, quien desde hace diez días permanece recluido en una cárcel federal de Nueva York.
Las operaciones contra embarcaciones atribuidas al narcotráfico han sido cuestionadas por analistas y por gobiernos como el de Colombia, que las consideran una violación del derecho internacional y denuncian que han dejado más de un centenar de muertos sin que se haya demostrado públicamente su vínculo con el crimen organizado.
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