Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendieron ayer la renovación de su parque vehicular por razones de “seguridad vial” y en apego a medidas de austeridad. No obstante, reconocieron que tras las críticas de la opinión pública decidieron no utilizar las nueve camionetas Jeep Cherokee blindadas que tuvieron un costo de 2.4 millones de pesos cada una.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, declaró que en la Corte “no hacemos oídos sordos” a los cuestionamientos y subrayó que la austeridad “no es un acto simbólico”, al tiempo que afirmó que los ministros podrían incluso trasladarse en transporte público para cumplir con sus funciones.
“La decisión no fue una decisión subjetiva, arbitraria ni caprichosa para adquirirlo, está justificado. Ahora, lo que queremos reiterar, decir, es que el ministro pueda andar como cualquier ciudadano común; podemos ir a campo si hay necesidad en autobús, en vuelo o en nuestros propios vehículos”, señaló.
Luego de aclarar que las camionetas costaron 2.4 millones de pesos con blindaje cada una, afirmó que negociaron hasta el último minuto para conseguir el menor precio.
“Tengan la plena certeza que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Y yo en lo personal puedo andar hasta en el Metro, no tengo problema”, afirmó Aguilar Ortiz.
Acompañado de otros cinco ministros –con la ausencia de Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf– y del presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, Aguilar Ortiz sostuvo que la renovación de vehículos respondió a criterios técnicos, no a “excesos” como aplicaba la Corte anterior.
Aguilar recordó que desde el 12 de agosto de 2010, mediante un acuerdo plenario interno, los ministros determinaron contar con medidas de seguridad acordes con su responsabilidad de Estado, incluido el uso de vehículos blindados.
En esa línea, sostuvo que las unidades heredadas –modelos 2019, 2020 y 2021– presentan alto deterioro, fallas mecánicas y blindaje fuera de vida útil, conforme a evaluaciones técnicas y análisis de riesgo.
Aclaró que la sustitución responde a seguridad vial, no a un contexto de inseguridad, y relató que en un traslado a Huejutla su camioneta quedó varada por la ruptura de un rin. Señaló que son vehículos diseñados para uso urbano, poco aptos para trayectos de campo, por lo que la decisión está justificada.
Sobre el destino de las nueve camionetas, aseguró que éstas serán reasignadas a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de su función. Sin embargo, omitió aclarar qué vehículos usarán para el desempeño de sus labores.
Por su parte, Vargas reiteró que la adquisición de vehículos sustituyó el esquema de arrendamiento por la compra de unidades, que pasarán a ser patrimonio del PJF y permitirán ahorros cercanos a mil millones de pesos en los próximos años, bajo criterios de austeridad, eficiencia y transparencia.
Al preguntarle sobre los automóviles para otros titulares del PJF, respondió que “nos destinarán seguramente algunos de tipo sedán” o, incluso, se valora “utilizar nuestros propios coches”.
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