Transcurridos cinco meses de labores de la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su presidente, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, afirma que ya está consolidada, aunque reconoce polémicas, costos políticos y retos. Pero también apremios: este mes vence el plazo legal para resolver 48 recursos de juicios fiscales por miles de millones de pesos que son más cuantiosos, incluso, que los adeudos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego.
“Vamos a cumplir cabalmente… La Corte no se dejará presionar, no responderá a intereses o a fuerzas de ningún tipo. Tomaremos decisiones con entera libertad”, dice en entrevista con La Jornada.
Aguilar Ortiz sostiene que la Corte ya no es ajena a los acontecimientos nacionales e internacionales que ocurren más allá de su labor jurisdiccional. En ese contexto, opina sobre la eventual reforma electoral y advierte “dificultades” para los comicios judiciales de 2027, pues podrían “contaminarse” de tintes partidistas; por ello, plantea que una posible solución es aplazarlos algunos meses o incluso uno o dos años.
También sostiene que las instituciones del Estado deben hacer “un frente común” para defender al país, ante las decisiones del presidente estadunidense, Donald Trump, que han impactado al mundo.
“Vamos muy bien”
Desde la oficina que ocuparon sus antecesores en la SCJN –de la que retiró sillones para instalar una gran mesa rectangular y convertirla ahora en un área de trabajo–, el abogado de origen mixteco afirma que “la Corte va muy bien”, pues aumentó su ritmo de trabajo (hasta 70 asuntos resueltos semanalmente, en promedio) y adoptó una nueva metodología más pública y colegiada.
Ahora es una Corte abierta, con diálogo social y con cambios institucionales, como nuevas áreas académicas y mayor contacto con comunidades, comenta.
“El impacto comienza a notarse y la gente ya lo reconoce. Podría decir que incluso en los niveles más bajos de la escala social –pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas– el impacto es de la mayor envergadura. Es histórico”, expone.
“Como pez en el agua”
En su escritorio, el juzgador del máximo tribunal del país exhibe un mallete adornado, obsequio de los wixárikas de Jalisco. Dice sentirse “como pez en el agua” al pasar de la mañana a la noche resolviendo asuntos jurídicos, interpretando la norma y en contacto cotidiano con la gente, incluso bajo un escenario que –asegura– anticipaba desde antes de asumir el cargo.
“Somos producto de una elección popular. Sabía que íbamos a tener una vigilancia permanente de la ciudadanía. De hecho, así lo ofrecimos”, afirma.
La semana pasada, el alto tribunal se vio envuelto en una fuerte polémica por la adquisición de nueve camionetas Jeep Cherokee blindadas, con un costo de 2.4 millones de pesos por unidad, una para cada ministro, a las que finalmente se renunció tras la molestia pública. Aguilar sostiene que se trató de una decisión colegiada del pleno, sustentada en dictámenes técnicos y por razones de seguridad, no de un lujo como las Suburban del pasado, aunque admite que subestimó la reacción.
“No pensé que esto se vería con esta magnitud. Puede ser que ahí no tuviéramos toda la perspectiva. Entiendo que, en la opinión pública –sobre todo entre los más recalcitrantes–, se habló de incongruencia en mi planteamiento. No la veo: he revisado mis discursos y nunca hablé de austeridad a costa del funcionamiento de la Corte”, apunta.
Presión por asuntos tributarios heredados
En noviembre pasado, la Corte resolvió ocho juicios fiscales de Grupo Salinas y confirmó créditos por casi 49 mil millones de pesos. Sin embargo, aún quedan 48 asuntos tributarios heredados desde el 1º de septiembre, que el nuevo pleno debe resolver antes del 28 de febrero, cuando vence el plazo de seis meses fijado por la reforma judicial.
Entre los asuntos más trascendentes figuran juicios promovidos por empresas contra créditos fiscales vinculados al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex). Al respecto, el SAT sostiene que entre 2019 y 2023, estas operaciones alcanzaron una base cercana a 279 mil millones de pesos, con una recaudación estimada no percibida de alrededor de 44 mil millones de pesos por concepto de IVA.
También figuran juicios promovidos por empresas como Risen Manufactura y Operadora de Centros Comerciales Opción, entre otras, que buscan que el máximo tribunal avale la obligación del SAT de pagar intereses sobre las devoluciones de créditos fiscales declarados nulos, lo que implicaría pérdidas millonarias para el fisco federal.
El ministro presidente revela que en los últimos cinco meses, “afortunadamente no hemos tenido presión alguna, ni de autoridades ni de abogados de las empresas. Hemos recibido a todos, eso sí”.
Asegura que, como en los casos de Salinas Pliego, los recursos se procesaron por la vía institucional. “Se interpusieron muchos recursos y nos estaban recusando a todos los ministros, pero todo se hizo por los conductos institucionales”, resume.
Otra polémica fue la renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo al nuevo Órgano de Administración Judicial, encargado de gestionar los recursos del Poder Judicial de la Federación. La Corte la designó en septiembre pasado, por lo que le corresponde cubrir la vacante, nombramiento previsto para esta semana.
“A mí también me sorprendió. Me presentó su renuncia por motivos personales y la hice llegar al Órgano de Administración. Consulté si existía algún problema y me dijeron que no… Ahora necesitamos a alguien que conozca la función jurisdiccional, el funcionamiento de los órganos y las necesidades de jueces, magistrados y del personal”, señala Ortiz.
En los debates del pleno ha habido momentos frecuentes de tensión, principalmente, entre Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, y por otro lado, entre Giovanni Figueroa Mejía y María Estela Ríos González. No obstante, el ministro presidente niega que haya divisiones internas.
“No hay ni líneas, ni grupos, ni formas. Hay debate auténtico. Si alguien levanta un poco la voz, hace una reflexión adicional, pone un ejemplo o hace un chascarrillo, es parte de lo que envuelve el debate. Pero el pleno está unido, está consciente de que no es teatro. No salimos ya con acuerdos tomados”, aclara.
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