En congruencia con la visión de justicia y fortalecimiento institucional que impulsa el gobernador Alfonso Durazo Montaño, autoridades estatales encabezaron la conmemoración del Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas, donde se reconoció la trayectoria y compromiso de quienes garantizan el acceso a la defensa jurídica de las y los sonorenses.
La ceremonia tuvo como propósito reconocer la trayectoria del personal con mayor antigüedad y destacar a usuarios cuyos asuntos fueron resueltos favorablemente, como una forma de valorar el trabajo de la Defensoría Pública y el impacto de sus servicios. Asimismo, la conmemoración busca fortalecer la motivación del personal y el compromiso con la defensa jurídica en beneficio de la ciudadanía.
“Con este gobierno humano y generoso que dirige nuestro gobernador no existen indicaciones de favorecer a nadie. Sé y me consta que la Defensoría Pública realiza su labor con honestidad y probidad; ustedes comprenden la visión de Estado, les preocupa la inseguridad y también las víctimas, por lo que buscan que se respete el derecho y que se sancione a quien verdaderamente resulte responsable”, subrayó Ana Luisa Chávez Haro, subsecretaria de Concertación Social.
En este ocasión, fueron entregadas constancias de servicio a Josefina Leal Mendoza, Francisca Elizabeth Romero Alonso, Sergio Cruz Flores, Alma Guadalupe Flores Silva y Carlos Alfredo Ortega Ortega, cuyos casos fueron atendidos con resultados favorables por la institución.
Asimismo, se otorgaron reconocimientos a defensores públicos con mayor antigüedad, destacando la trayectoria y vocación de servicio de Alejandra Huguez Atondo, José Concepción Osuna Chávez, Sonia Montaño Dávila y Medardo Leyva Campoy.
En el evento estuvieron presentes Ramón Alejandro Acosta Cortez, secretario de la Consejería Jurídica; Lizeth Vásquez Ochoa, directora general del DIF Estatal; Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; y el diputado Raúl González de la Vega, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer las instituciones que garantizan el acceso a la defensa legal de la población.
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