La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó el dictamen del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en ingles), que busca llevar la crisis de México ante la Asamblea General.
El organismo mexicano calificó la postura internacional de "acomodaticia" y acusó al Comité de basarse en intereses privados de organizaciones civiles.
A través de un duro pronunciamiento, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra minimizó al panel de la ONU como un grupo de "expertos independientes" sin análisis histórico, señalando que su decisión se nutrió de ONG "caracterizadas por la manipulación".
"Hay que mencionar que el CED tomó esta decisión, basado, sobre todo, en peticiones de algunas ONG caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos en nuestro País, así como por un largo listado de colectivos de personas que legítimamente sufren por la desaparición de sus familiares", defendió.
Mientras la ONU advirtió sobre una crisis forense con 72 mil restos sin identificar y más de 4 mil 500 fosas clandestinas, la CNDH sostuvo que el dictamen ignora los esfuerzos institucionales y presupuestales de los últimos siete años.
"Para considerar legítima su participación en el País, debían haberse agotado primero las instancias nacionales", puntualizó la Comisión, al cuestionar la jurisdicción directa del organismo internacional.
Asimismo, la CNDH reviró al argumento de la ONU sobre "ataques sistemáticos", al asegurar que la desaparición forzada dejó de ser una política de Estado desde 2018.
"La desaparición forzada ha dejado de ser política de Estado, como sí lo fue entre 1951 y 1990 y luego, de manera subrepticia y selectiva en complicidad con grupos delincuenciales, en los años de la llamada Guerra contra el narcotráfico", indicó.
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