La administración federal se propone elevar 10 puntos al final de sexenio la tasa bruta de cobertura (TBC) de la educación superior, para pasar del 45.1 por ciento registrado en 2024 a 55 por ciento en 2030, lo que implica ampliar en más de un millón los espacios para alumnos.
El Programa Nacional de Educación Superior (PNES) 2026-2030, publicado el pasado martes en el Diario Oficial de las Federación, reconoce que la TBC -definida por el número total de estudiantes matriculados al inicio del ciclo escolar por cada 100 individuos con la edad típica para cursarlo- de México es inferior al promedio de América Latina, 59 por ciento, y al de la OCDE, de 79.
Advierte que persisten importantes disparidades territoriales en el acceso a la educación superior, pues mientras Ciudad de México, Sinaloa, Nuevo León, Puebla y Coahuila superan el 50 por ciento de cobertura, Guerrero, Oaxaca y Chiapas no alcanzan el 30.
En tanto, indica, los estudiantes provenientes del primer decil de ingresos representan solo 4.4 por ciento de la matrícula a nivel nacional, lo que refleja la persistencia de desventajas acumuladas que limitan su continuidad educativa.
El reto, se remarca en el PNES, incluye no solo el acceso, consiste también en garantizar la permanencia.
"En el nivel profesional, modalidad escolarizada, tres de cada 10 jóvenes abandonan sus estudios durante el primer año. En la última década, más de tres millones de estudiantes interrumpieron su formación profesional, lo que representa una gran pérdida tanto para el sistema educativo como para el desarrollo económico y social del país", afirma.
Uno desafío adicional, advierte, es la alta concentración de la matrícula en un número limitado de programas y áreas del conocimiento.
En el ciclo escolar 2024-2025, detalla, 10 carreras de nivel profesional -encabezadas por Derecho, Administración de Empresas e Ingeniería Industrial- concentraron el 45.7 por ciento de la matrícula nacional.
Para avanzar hacia una mayor cobertura, subraya, el PNES, resulta prioritario avanzar hacia un modelo de financiamiento de las instituciones públicas de educación superior basado en la corresponsabilidad con las entidades federativas, orientado a la adopción gradual de esquemas de aportaciones paritarias, tal como lo establece la ley.
Actualmente, agrega, en algunas entidades apenas se cubre el 13 por ciento del subsidio ordinario de sus universidades públicas estatales, mientras que en otras la participación alcanza el 50 por ciento.
En su visión para 2030, plantea como objetivos una TBC de 55 por ciento; reducción de brechas históricas entre regiones; formación profesional contextualizada, con prácticas en entornos reales y proyectos de innovación social y tecnológica orientados a la solución de problemas públicos concretos, y modelos de financiamiento más equitativos, objetivos y sostenibles.
"Asimismo, se habrá avanzado en la dignificación y profesionalización del personal académico, con un incremento en el número del profesorado de tiempo completo y el reconocimiento del docente por asignatura como un profesional que imparte algunas clases de forma complementaria a su ejercicio laboral principal", explica.
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