La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió mantener spots sobre el alcalde de Monterrey, el priista Adrián de la Garza, difundidos por Movimiento Ciudadano (MC), en los que lo relacionan con contratos incumplidos en materia de energía eléctrica.
Al atender petición de medidas cautelares por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y De la Garza, la Comisión de declaró improcedente la queda y se negó al retiro de los spots.
El partido y el Alcalde sostuvieron que el hecho se trataba de uso indebido de la pauta por contener propaganda política difundida en periodo ordinario, cuyo contenido podría ser calumnioso.
En los spots, MC señala que el "fraude" de Next Energy sigue, y cita que el ex Gobernador de Baja California, el petista Jaime Bonilla, fue detenido por vínculos con esa empresa, debido a que en su gobierno dio contratos millonarios para un parque eléctrico que nunca se construyó, "igual que en Monterrey".
"Pero hay una diferencia, Adrián de la Garza sigue impune, aunque reconoció que firmó el contrato. El dueño de la empresa ya está en la cárcel. En otros estados hay procesos, pero en Monterrey no pasa nada. Los responsables tienen que pagar, empezando por Adrián de la Garza", menciona el video.
La Comisión señaló que no hay referencia alguna que le atribuya a De la Garza de manera directa un hecho o delito falso ni hay una imputación clara, directa, unívoca de hechos falsos o delitos falsos.
Se considera que son expresiones que constituyen opiniones y críticas severas, amparadas en la libertad de expresión, conforme al estándar aplicable en materia cautelar.
Sobre uso indebido de la pauta, también se declaró improcedente la medida cautelar, al valorar que desde una valoración preliminar, el promocional difunde un mensaje de interés público, enmarcado en la estrategia de comunicación de MC.
"Sin que se advierta en esta etapa una afectación evidente que justifique su retiro como medida provisional", destaca el proyecto aprobado.
El presidente de la Comisión, Arturo Castillo, coincidió en que no hay imputación directa contra el Alcalde de Monterrey ni contra el PRI, aunque sí hay inferencias sobre supuestos incumplimientos de parte de una empresa.
Sin embargo, consideró que de ahí no se deriva la imputación de un delito o un hecho falso.
El proyecto fue aprobado por los consejeros Castillo, Rita Bell López y Jorge Montaño.
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