El gobierno federal acordó con la industria de la construcción y la vivienda fortalecer a la siderurgia nacional mediante la compra prioritaria de acero mexicano para obras públicas y privadas. La finalidad es sustituir importaciones en la medida posible y fortalecer las cadenas productivas con provedores nacionales, aseveró la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.
Durante la conferencia de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el propósito es que la mayor parte del acero producido en México se adquiera en el país. Recordó que para proteger esta industria, el gobierno impuso aranceles al acero importado desde países con los cuales México no tiene acuerdos comerciales.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, Sergio de la Maza, dijo que éste es un paso decisivo para fortalecer al sector y elevar el contenido nacional de las obras públicas. “Este acuerdo es clave para respaldar cerca de 90 mil empleos directos y dar certidumbre a inversiones en curso por más de 8 mil millones de dólares”.
De la Maza reconoció que 2025 fue un año muy complejo para el sector, pues se redujo la producción debido a la caída de las exportaciones por los aranceles de Estados Unidos. Aseveró que la producción de acero en 2025 alcanzó 14 millones de toneladas y el consumo interno fue de aproximadamente 28 millones de toneladas. “Ese es el espacio que tenemos para crecer y cubrirlo con producción local”.
El presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Luis Rafael Méndez, dijo que este sector consume 60 por ciento del acero del país.
Buenrostro detalló que esta acuerdo forma parte del Plan México, que busca aumentar el contenido nacional, incrementar la producción con mayor valor agregado y que las compras públicas sean una palanca de desarrollo para el país.
Añadió que el gobierno prevé otras acciones para el fomento de la industria siderúrgica, entre las que destacan los contratos públicos, instrumentos de financiamiento para infraestructura pública y asumir compromisos de alto impacto en la construcción, como los programas de acceso a la vivienda adecuada para las personas trabajadoras.
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