Luego que autoridades de Estados Unidos solicitaron la extradición de una decena de funcionarios sinaloenses, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, pidió presentar pruebas de las acusaciones por narcotráfico.
A través de un posicionamiento, el legislador advirtió que cualquier actuación que no esté sustentada debidamente, carece de validez jurídica y es contraria al Estado de Derecho.
"Cualquier solicitud en materia de extradición debe atenderse conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes aplicables y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, incluyendo el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, cumpliendo sin excepción con los requisitos legales, probatorios y procesales establecidos.
"No basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico; se requieren solicitudes formales, debidamente fundadas y acompañadas de elementos de prueba suficientes", sostuvo.
Ayer, la Fiscalía de Nueva York hizo públicas acusaciones por narcotráfico contra 10 funcionarios sinaloenses, entre los que destacan el Gobernador Rubén Rocha Moya y un senador por la entidad, Enrique Inzunza.
Un día antes, remitió a la Cancillería la solicitud de detención provisional con fines de extradición de los implicados.
Al afirmar que México mantiene su deseo de cooperar con Estados Unidos, Mier sostuvo que el país tiene la obligación de garantizar los derechos de los mexicanos, que incluyen la inmunidad procesal de servidores públicos.
En su calidad de presidente de la Jucopo, el senador afirmó que la colaboración entre México y Estados Unidos debe basarse en la confianza, legalidad y respeto mutuo, evitando prácticas que vulneren la confidencialidad de los procedimientos o comprometan la integridad de las instituciones.
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