La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló de manera preventiva las cuentas del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve involucrados en la demanda de Estados Unidos a México para lograr su extradición.
“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los de allá, toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente, lo hace la UIF”, comentó la titular del Poder Ejecutivo este lunes, luego de que desde el viernes pasado se le consultara al respecto.
Más tarde, la UIF detalló que “se realizaron adiciones a la lista de personas bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, para proteger la integridad del sistema financiero nacional”, destacó en un comunicado.
No es una acción definitiva ni acredita responsabilidad
A su vez, la UIF precisó que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino que son acciones preventivas de carácter administrativo.
El organismo aclaró que las personas incluidas en la LPB cuentan con los medios de defensa previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
La UIF concluyó que actualmente analiza diversa información y documentación relacionada con las personas políticamente expuestas incluidas en la lista de personas bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
Solicitud de licencia desde el primero de mayo
El entonces gobernador Rocha Moya dio a conocer el pasado primero de mayo que pidió al Congreso de Sinaloa licencia temporal al cargo mientras dure la de investigación que realizará la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser acusado, el pasado 29 de abril, por Estados Unidos, junto con otros nueve funcionarios y ex funcionarios, por delitos relacionados al narcotráfico y tener vínculos con el cártel de esa entidad.
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