La diputada por el PT Aracely Cruz Jiménez presentó una iniciativa para establecer que, en ningún caso, el ejercicio de los usos y costumbres podrán justificar la celebración de matrimonios de niñas, niños y adolescentes o cualquier práctica de unión forzada.
La propuesta de la legisladora oaxaqueña, que ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y plantea modificaciones al artículo 2 Constitucional, establece que los sistemas normativos indígenas deberán armonizarse con el interés superior de la niñez, el cual prevalecerá sobre cualquier norma o costumbre comunitaria.
Además, señala la obligación del Estado de garantizar que el derecho a la libre determinación no será invocado para sustraer a menores de edad de la protección reforzada que la Constitución y los tratados internacionales les otorgan.
La iniciativa propone que el reconocimiento constitucional al derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía, incluyendo la facultad de aplicar sus sistemas normativos internos para la regulación y solución de conflictos, constituye uno de los avances más significativos en materia de pluralismo jurídico, justicia intercultural y protección a la diversidad cultural en el país.
No obstante, agrega, la autonomía de los pueblos indígenas no es absoluta y encuentra límites en los derechos humanos universalmente reconocidos, particularmente en aquellos que protegen a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos el interés superior de la niñez.
Reconoce que, a pesar de este marco normativo, en diversas regiones del país persiste la celebración de matrimonios o uniones tempranas de menores de edad que son justificadas bajo la invocación de usos y costumbres, tradiciones comunitarias o prácticas culturales.
"México, aunque cuenta con legislación que prohíbe el matrimonio antes de los 18 años, enfrenta persistencia de uniones tempranas informales, especialmente en contextos de marginación", indica.
Advierte que estas prácticas constituyen una violación directa de derechos fundamentales y representan una forma estructural de violencia contra la niñez, especialmente contra las niñas y adolescentes.
A nivel mundial, añade, una de cada cinco niñas es casada entes de los 18 años, 640 millones de mujeres vivas hoy fueron casadas siendo niñas y 12 millones de niñas se casan cada año.
Expone que América Latina se proyecta como la segunda región del mundo con mayor prevalencia de matrimonio infantil hacia 2030, situación que se relaciona con pobreza estructural y desigualdad de género.
De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma no limita la autonomía cultural, sino que establece sus límites conforme a los derechos humanos, de ahí que es necesaria, porque elimina ambigüedades jurídicas, armoniza el pluralismo cultural con derechos humanos, fortalece la protección de la niñez y previene interpretaciones permisivas.
"La diversidad cultural es valiosa, pero no puede sostener prácticas que vulneran la dignidad humana. El matrimonio infantil no es tradición, es violencia estructural. No es práctica cultural legítima, es negación de derechos fundamentales. No es costumbre protegida, es una forma de explotación infantil. La Constitución debe ser inequívoca: la autonomía cultural no puede justificar la vulneración de la niñez", sostiene.
COMENTA ESTA NOTA