El Servicio Universal de Salud (SUS), mecanismo de coordinación entre instituciones públicas de salud creado en abril pasado que pretende que progresivamente al 2028, cualquier mexicano sea atendido en unidades médicas del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, institutos nacionales y servicios estatales, dará más incentivos para la informalidad laboral, advirtió Evelyn Rodríguez.
La consultora independiente en políticas públicas y seguridad social anticipó en entrevista con MURAL el riesgo que implica que una política pública incentive la informalidad, cuando en México ésta ya alcanza al 54.78 por ciento de la población ocupada, y en Jalisco al 48.61 por ciento.
La informalidad laboral se refiere a las personas que laboran sin las prestaciones e impuestos de ley, lo que las deja vulnerables al carecer de seguridad social y servicios médicos.
Aunque el decreto que crea el SUS, publicado el pasado 17 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no define un perfil específico de quiénes serán los beneficiarios, el artículo primero establece que el mecanismo garantizará el acceso "a todas las personas" a los servicios de salud.
Consultada al respecto, Rodríguez advirtió que si se da atención médica sin importar si se tiene o no alguna afiliación a la seguridad social, eso reducirá el incentivo para registrarse y pagar cuotas patronales y de los trabajadores.
"Si puedo acceder al mismo tipo de servicios sin estar afiliada, ¿por qué querría aportar cuotas al IMSS como trabajadora o como empleadora?", cuestionó la consultora.
La pieza central será una credencial única, física y digital, con la que las personas podrán identificarse y acceder a la red de atención. El registro, que se hace en módulos del Bienestar, se realiza por grupos. El primero fue el de las personas de 85 años y más.
Hay dudas
Rodríguez advirtió que el decreto es "bastante corto" y general, y que en los hechos se ha presentado principalmente como un proceso de credencialización.
Señaló que el único costo presupuestal divulgado hasta ahora es de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos para esa primera etapa, mientras que no se ha dado a conocer una estimación integral sobre cuánto costará operar realmente el nuevo esquema ni de dónde saldrán los recursos para sostenerlo.
Recordó que el IMSS ofrece un paquete integrado de cinco seguros -enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, y cesantía y vejez- y que en paralelo se han creado programas no contributivos que cubren riesgos similares para la población sin seguridad social.
A su juicio, esto ha enviado por años la señal de que el Estado terminará cubriendo a quienes no se afilian, lo que debilita la formalidad.
"En la práctica, eso le dice al trabajador y al patrón que pueden mantenerse fuera del sistema y aun así recibir atención; ahí está una de las raíces de la informalidad", expresó.
La consultora explicó que la informalidad incluye tanto a trabajadores independientes que no están obligados por ley a registrarse como a empleados subordinados que deberían estar dados de alta y no lo están, además de empresas que operan sin registro fiscal ni cumplimiento de obligaciones laborales.
Consideró que el nuevo esquema refuerza este comportamiento al separar, todavía más, el acceso a la salud del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.
"Si además les mandas la señal de que van a tener acceso a los servicios de salud de todas formas, el incentivo a formalizarse se vuelve todavía menor", advirtió.
En este contexto, Rodríguez señaló que la credencial única refuerza la idea de que el acceso médico está garantizado aun sin contribuir al sistema.
Recordó que, según lo anunciado, incluso personas con enfermedades crónicas podrían seguir siendo atendidas en el IMSS aunque dejaran de cotizar, lo que a su juicio debilita todavía más la vigilancia que ejercen los propios trabajadores sobre su afiliación.
¿Y los recursos?
Enfatizó que la parte presupuestal es una de las mayores debilidades de la propuesta.
Señaló que, del gasto total en salud, alrededor de 56 por ciento corresponde actualmente al IMSS y estimó que, sólo para igualar el gasto entre instituciones y sostener un esquema realmente universal, harían falta alrededor de 400 mil millones de pesos adicionales, sin que hasta ahora exista una presentación formal sobre de dónde saldrían esos recursos.
"La parte de sostenibilidad financiera no tiene ninguna presentación seria hasta ahora, y eso es gravísimo en una reforma de este tamaño", sostuvo la consultora.
'Credencializar no resuelve falta de citas y medicina'
Además del impacto sobre la formalidad y las dudas sobre su viabilidad financiera del SUS, Evelyn Rodríguez, consultora independiente en políticas públicas y seguridad social, cuestionó el énfasis que ha hecho el Gobierno en la credencialización, pues desde su punto de vista se puede utilizar para influir en la medición de la pobreza.
Recordó que la medición multidimensional incluye la carencia por acceso a servicios de salud y la carencia por acceso a seguridad social, y que en el caso de salud el indicador históricamente ha descansado en la afiliación más que en el acceso efectivo.
"Si tú tienes una credencial y apareces como afiliado en el papel, aunque no tengas atención real, eso te modifica el indicador de carencia en salud. Entonces puedes bajar la cifra de pobreza o de carencia de acceso a servicios de salud en el registro, aunque en la práctica la gente siga sin medicamentos, sin citas y sin atención efectiva", alertó.
A su juicio, ese riesgo de "mejora estadística" sin avance real en el servicio se vuelve más delicado, porque el Gobierno ha puesto el énfasis político en entregar credenciales, no en presentar una ruta operativa, financiera e institucional que garantice atención universal efectiva y sostenible.
"La credencial no resuelve ni la falta de médicos ni la falta de medicinas ni la saturación ni el financiamiento; lo que sí puede hacer es mandar una señal equivocada que incentive aún más la informalidad", concluyó Rodríguez.
Lo que se sabe
El Servicio Universal de Salud (SUS) es un mecanismo de coordinación entre instituciones públicas de salud para que cualquier mexicano sea atendido en unidades del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, sin importar su afiliación.
Su implementación
El decreto de su creación se publicó el 17 de abril del 2026 en el Diario Oficial de la Federación, y su implementación será progresiva hasta 2028.
2026
Credencialización de 130 millones de personas, por grupos, en los 2 mil 059 módulos de Bienestar. El primero fue de personas de 85 años y más. El segundo, adultos mayores y personas con discapacidad.
Ene-jun 2027
Primera etapa de intercambio de servicios: urgencias, embarazos de alto riesgo, código infarto, código cerebro, cáncer de mama, insuficiencia renal, trasplantes, vacunación, atención primaria con prescripción.
Jun-dic 2027
Intercambio de servicios especializados entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
2028
Surtimiento universal de recetas, consultas externas de especialidad, hospitalización referenciada, atención primaria abierta para padecimientos crónicos.
La brecha
Al cierre de 2024, 44.5 millones de personas (34.2% de la población) carecían de acceso a servicios públicos de salud, el doble que en 2018 (20.1 millones). Con el SUS, el Gobierno pretende revertir esta brecha.
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