La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que este martes dará a conocer un decreto para garantizar el acceso a la información del Gobierno y reservar únicamente aquella relacionada con seguridad nacional o procesos judiciales en curso.
La Mandataria adelantó que también presentará un planteamiento para incorporar esos criterios en la ley, además de mantener la protección de los datos personales.
"El objetivo es que sólo aquello que realmente es seguridad nacional o que esté en proceso judicial no pueda darse a conocer, pero las plataformas de transparencia tienen que garantizar el acceso de todos los datos del Gobierno, obviamente resguardando los datos personales", afirmó.
La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y la consejera jurídica Luisa María Alcalde, acudirán a la conferencia matutina para explicar el decreto y la propuesta legal.
"Si quieren, mañana tocamos ese tema. Va a venir Luisa María Alcalde y Raquel Buenrostro, vienen a platicar, era para el viernes, pero ya no pudimos hacerlo, sobre el tema de la transparencia, un decreto que voy a emitir y un planteamiento también para que sea parte de la ley", agregó.
El INAI fue extinguido mediante la reforma constitucional de simplificación administrativa y las leyes secundarias publicadas el 20 de marzo de 2025. Sus facultades fueron distribuidas entre autoridades garantes de los poderes y órganos autónomos.
En la Administración Pública Federal, el acceso a la información quedó a cargo de Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con autonomía técnica y operativa.
La dependencia encabezada por Buenrostro asumió directamente las funciones relacionadas con la protección de datos personales y la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Sheinbaum informó que este martes también volverán a abordar los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente sometidos a consulta pública.
El viernes pasado, la Presidenta anunció que Alcalde se reuniría con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, después de las inconformidades expresadas por los concesionarios sobre el proyecto.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió la consulta el 27 de julio y recibirá comentarios hasta el 21 de agosto de concesionarios, especialistas, organizaciones, instituciones académicas y ciudadanos.
El proyecto establece obligaciones para diferenciar la información de la opinión y la publicidad de los contenidos informativos, además de contar con códigos de ética y defensores de las audiencias.
También prevé que los radioescuchas y televidentes puedan presentar quejas ante los defensores y, si sus recomendaciones no son atendidas, recurrir a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Los lineamientos serían aplicables a concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como a empresas programadoras.
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