Tras afirmar que en su Gobierno "todo se investiga", tanto administrativa como penalmente, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las secretarías de Hacienda y Anticorrupción tienen información sobre Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán.
La Mandataria fue cuestionada sobre la información publicada por REFORMA, en la que se reveló que Hacienda pidió a la FGR ejercer acción penal por delitos fiscales contra los responsables de Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada con un operador de confianza de Olán y señalada por operaciones de huachicol fiscal que habrían ocasionado un daño al fisco superior a 834 millones de pesos.
"No hay nada que no se investigue, pero pues tiene que basarse en evidencias científicas, porque si no, pues es lo que dice una revista, un periódico, una red. Entonces, todo se investiga, tanto administrativamente como penalmente", afirmó.
-¿Hacienda tiene información en torno a Amílcar Olán?, se le preguntó.
-"Sí, y también la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno", respondió.
De acuerdo con la información publicada por REFORMA, el SAT presentó el 25 de marzo una declaratoria de perjuicio ante la FGR, tras determinar que del 11 de febrero al 27 de junio de 2025 Portacelis tramitó 139 pedimentos de importación de combustibles que ingresaron a México en ferrotanques con información falsa.
La autoridad fiscal calculó en más de 834 millones de pesos el monto de derechos e impuestos omitidos y solicitó acción penal contra cinco personas, entre empleados de la empresa y agentes aduanales que presuntamente facilitaron las operaciones.
Portacelis fue constituida en agosto de 2024 y tuvo como administrador único a Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como operador de confianza de Olán, quien además apareció en documentos mercantiles como comisario de Romedic, empresa del empresario tabasqueño que recibió contratos de medicamentos del Insabi, y como accionista de Poyago.
De la Cruz dejó la administración de Portacelis en diciembre de 2024 y fue sustituido por José Alonso Ulin Hernández, contra quien el SAT solicitó acción penal junto con agentes aduanales relacionados con las importaciones.
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