La Suprema Corte de Justicia reactivó ayer el proceso penal contra dos ex funcionarios de la CFE, acusados por adjudicar en 2016 y 2017 contratos de suministro de gas natural por quince años a WhiteWater Midstream, empresa recién creada en Texas.
Por unanimidad, la Corte revocó la sentencia de un tribunal colegiado, que sostuvo que el delito de uso indebido de atribuciones y facultades imputado a los ex funcionarios, había prescrito cuando la Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso en febrero de 2022.
Los imputados en este asunto son Javier Gutiérrez Becerril y José Guadalupe Valdez García, quienes eran subdirectores de CFE en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y en 2016 controlaban la filial CFE International.
En abril de 2025, un tribunal colegiado de apelación resolvió que el delito había prescrito porque la FGR tenía seis años con tres meses para perseguirlo, plazo que corrió del 9 de diciembre de 2016, cuando se suscribieron los contratos, al 9 de marzo de 2023.
Si bien la FGR solicitó a un juez la audiencia inicial del proceso en 2022, todavía dentro del plazo, posteriormente dicha audiencia fue anulada, por lo que el tribunal colegiado consideró que no se interrumpió el conteo del tiempo para la prescripción y canceló la vinculación a proceso dictada contra los acusados.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) promovió un amparo directo contra esta sentencia, la Corte lo atrajo, y ayer revocó la decisión del tribunal colegiado.
Durante la discusión en el Pleno, el Ministro Arístides Guerrero aceptó hacer cambios a su proyecto, para ajustarlo a una sugerencia de su colega Sara Herrerías, quien era Fiscal de Derechos Humanos de la FGR antes de llegar a la Corte.
Herrerías consideró que no operó la prescripción porque la CFE denunció el asunto ante la FGR en agosto de 2021, y con ello se interrumpió el plazo que había empezado a correr en 2016.
La Ministra sostuvo que este criterio resuelve el problema sin tener que entrar al tema--más complicado técnicamente--de sí la prescripción siguió corriendo cuando se anuló la audiencia inicial ante el Juez de Control.
El efecto del amparo otorgado a la CFE es que el Juez de Control celebre una nueva audiencia para resolver si vincula a proceso a los acusados, pero sin poder aplicar el criterio de que la acusación prescribió.
Aunque se trata de un asunto que involucra a funcionarios, recursos federales y una empresa estatal, la Corte censuró los nombres de los involucrados en la versión publica de su proyecto.
El caso tuvo su origen en seis contratos adjudicados en diciembre de 2016 por la CFE a WhiteWater Midstream y sus filiales, para la construcción de un gasoducto en Texas y el envío de gas a México, por un total de 72 millones de dólares.
La CFE denunció la inexistencia de publicidad en el proceso de contratación; pérdida de los documentos originales de dichos procedimiento; la inexperiencia de la empresa contratista, creada seis meses antes, y la relación personal de los funcionarios con su fundador, Matthew Calhoun.
Posteriormente, se reveló que Gutiérrez había adquirido una residencia en Montpellier, Francia.
La CFE también litiga una demanda civil por daños contra los implicados en el caso WhiteWater ante una corte federal de Houston, en la que alega que estos contratos le han provocado perjuicios por cientos de millones de dólares.
COMENTA ESTA NOTA