Pese a las críticas por restringir los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma que les impediría ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y dijo que espera que el Senado la apruebe mañana.
La Mandataria calificó la propuesta como una reforma histórica al incluirla en su balance de los cambios constitucionales impulsados por su Administración, ante los asistentes al cierre de su gira por el Segundo Informe de Gobierno en el Zócalo capitalino.
"Y el día de mañana esperamos que se aprueben en el Senado una reforma histórica, que toda persona que desee ser gobernador, jefe de gobierno o presidente de la República, solo puede ser mexicana, no puede tener doble nacionalidad", expresó.
La reforma, aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de septiembre, modifica los artículos 82, 116 y 122 constitucionales para exigir que quienes aspiren a esos cargos no tengan otra nacionalidad o renuncien a ella antes de registrar su candidatura.
El proyecto fue avalado en lo particular con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra al considerar que la restricción afecta los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.
La iniciativa también ha generado diferencias entre los aliados de Morena.
Legisladores del Partido Verde han cuestionado la obligación de renunciar a la segunda nacionalidad antes del registro, mientras que en el PT se han expresado inconformidades por la definición de candidaturas rumbo a 2027.
Sheinbaum había respondido a las críticas al rechazar que la reforma retire derechos a los mexicanos que viven en el extranjero.
La restricción se limita, sostuvo, a quienes pretendan encabezar los poderes ejecutivos y cuestionó que una persona pueda asumir compromisos políticos con dos países.
Las comisiones del Senado ya aprobaron la minuta.
El proyecto prevé que la restricción se aplique a partir del proceso electoral de 2028, de modo que no modificaría los requisitos para las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas.
Por tratarse de una reforma constitucional, después del aval del Senado requerirá la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
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