La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila (Morena), ordenó revisar los contratos que el Gobierno estatal haya celebrado con empresas incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La instrucción ocurre luego de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que Inteliproof Efficient, una de las empresas sancionadas por OFAC el 29 de septiembre, obtuvo contratos de autoridades de Baja California.
De acuerdo con registros oficiales y revisiones de Compranet, Inteliproof recibió en 2024 contratos de la Oficialía Mayor estatal por al menos 3 millones 40 mil pesos, mediante adjudicación directa, para equipo de cómputo, almacenamiento digital, prendas de protección para la Comisión Local de Búsqueda y refacciones para vehículos. Otros reportes ubican seis contratos por 6.08 millones de pesos, por diferencias en la integración de los registros contractuales.
La OFAC señaló a Inteliproof como parte de una red de empresas vinculada por esa autoridad con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y de servir a facciones del Cártel de Sinaloa. La sanción estadounidense fue emitida en septiembre de 2026, por lo que las contrataciones mencionadas son anteriores a la medida.
Ante ello, Ávila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor a verificar los antecedentes contractuales y enviar los expedientes a la Secretaría Anticorrupción.
La Gobernadora sostuvo que las adquisiciones deben analizarse conforme a la información y situación jurídica existentes cuando se realizaron.
"Cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno", afirmó la Mandataria morenista.
Como medida preventiva, determinó que ninguna persona física o moral señalada por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas podrá participar en licitaciones estatales mientras no aclare formalmente su situación jurídica.
"Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar", sostuvo.
El Gobierno estatal aseguró además que la custodia y administración de los sistemas y bases de datos de seguridad corresponden al personal facultado de las corporaciones estatales y descartó una vulneración de información ciudadana.
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