La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró este lunes que la “incertidumbre jurídica” derivada de la reforma al Poder Judicial, aprobada y publicada en 2024, ha provocado impactos negativos en las empresas del país y ha llevado a tres de cada 10 a reducir o posponer sus inversiones.
A un año de que vuelvan a elegir por voto popular los cargos del Poder Judicial, la Coparmex explicó en un comunicado que siete de cada 10 compañías mexicanas ya reportan “impactos negativos”, mientras que solo 3.6 % identifica efectos positivos.
Las cifras fueron obtenidas de la Encuesta de Data Coparmex, que recoge la participación de 3 mil 721 empresas afiliadas a los 71 centros de la patronal, las cuales, sostuvo el informe, están “cambiando su conducta empresarial” tras los efectos de la reforma judicial.
Coparmex reveló que el 40 % de las empresas actúan con mayor cautela para invertir y el 30 % redujo o pospuso proyectos concretos; además, reportó que el 81 % ha modificado su estrategia de protección jurídica “ante una mayor incertidumbre sobre propiedad, contratos y acceso al amparo“.
Esta situación, añadió, se relaciona con una “percepción de menor certeza jurídica”, ya que 55. % de las empresas considera que “disminuyó la certidumbre respecto de la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo, frente a solo 3.3 % que identifica una mejora”.
Por ello, hizo un llamado para abrir una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial, cuyo trabajo, apuntó, podrá “considerarse exitoso” en la medida en que “garantice efectivamente certeza jurídica, independencia en sus resoluciones y confianza para los ciudadanos, las empresas y las inversiones”.
La reforma al Poder Judicial fue propuesta por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y aprobada en la recta final de su administración y al inicio del mandato de su sucesora, Claudia Sheinbaum.
Antes y después de su publicación, distintos organismos nacionales e internacionales advirtieron de sus posibles efectos negativos en el mercado, debido a la incertidumbre jurídica que podría provocar someter a voto popular cargos de jueces y magistrados.
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