La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), encabezada por Raquel Buenrostro, identificó posibles irregularidades por 957.1 millones de pesos en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y el Instituto Nacional de Migración (INM), derivadas de auditorías realizadas durante 2024 y 2025.
De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización 2025, las observaciones corresponden a compras consolidadas de medicamentos sin respaldo documental, posibles contrataciones indebidas y deficiencias en el control de recursos provenientes de servicios migratorios.
En el caso de Birmex, el organismo fiscalizador identificó un posible daño patrimonial por 419.5 millones de pesos, relacionado con expedientes de adquisiciones que carecían de la documentación necesaria para comprobar la legalidad y transparencia de las operaciones.
Además, se detectaron posibles contrataciones indebidas de bienes y servicios por 192.8 millones de pesos. La dependencia también fue señalada como la única entidad cuyos estados financieros de 2024 no pudieron ser dictaminados, debido a que el auditor externo no recibió la información contable y presupuestal correspondiente.
Una auditoría específica examinó 25 procedimientos de compra consolidada realizados entre enero de 2024 y julio de 2025. Entre los hallazgos destaca un presunto pago excesivo de 65.6 millones de pesos a Farmacéuticos Maypo por la adquisición de medicamentos de patente, sin que se presentara la cotización correspondiente.
Asimismo, durante la compra consolidada de medicamentos para 2025 y 2026 se adjudicaron 423 claves por un monto de 49 mil 738 millones de pesos a nueve empresas que, según el órgano fiscalizador, no presentaron documentación legal y administrativa obligatoria.
La revisión también identificó diferencias en las cantidades de medicamentos solicitadas por diversas instituciones de salud, situación que podría ocasionar problemas de desabasto.
Los auditores atribuyeron estas irregularidades a deficiencias en los mecanismos de supervisión, falta de capacitación del personal y desconocimiento de las disposiciones legales aplicables.
Por otra parte, en el Instituto Nacional de Migración se detectaron irregularidades por 537.6 millones de pesos, relacionadas con ingresos por servicios migratorios a pasajeros que ingresan al país por vía aérea.
La revisión comprendió operaciones por 31 mil 412.6 millones de pesos y permitió identificar recursos que no fueron reportados o que ingresaron fuera de los plazos establecidos.
Como resultado de las acciones de fiscalización, la Tesorería de la Federación recuperó 284.1 millones de pesos, mientras que otros 399.6 millones de pesos en créditos fiscales fueron remitidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para gestionar su cobro, incluyendo actualizaciones y recargos.
La Secretaría Anticorrupción recomendó implementar conciliaciones mensuales automatizadas y establecer controles más estrictos para verificar que las aerolíneas entreguen correctamente los recursos correspondientes a los servicios migratorios.
Respecto a Birmex, se planteó fortalecer la supervisión de las contrataciones, dar seguimiento a los pagos efectuados e implementar mecanismos que permitan comparar precios históricos y verificar las condiciones del mercado.
La dependencia federal aclaró que las observaciones identificadas no representan necesariamente daños patrimoniales definitivos, ya que algunas podrían encontrarse en proceso de aclaración o revisión por las autoridades competentes.
En caso de que las instituciones involucradas no presenten la documentación necesaria para justificar las operaciones, los expedientes podrían turnarse a las áreas de investigación y derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa.
El informe también revela que, de los 2 mil 549 hallazgos determinados por los órganos internos de control durante 2025, el 57.7 por ciento continuaba en proceso de atención al cierre del periodo.
Los resultados colocan nuevamente bajo revisión los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en instituciones federales encargadas de administrar recursos públicos, particularmente en sectores sensibles como el abastecimiento de medicamentos y los servicios migratorios.
El desafío para las autoridades será esclarecer el destino de los recursos observados, determinar posibles responsabilidades y garantizar la recuperación de los montos que, en su caso, representen un daño efectivo al patrimonio público.
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