La Comisión Nacional de Energía (CNE) obligará a los comercializadores de hidrocarburos que vendan productos a otros intermediarios a contar con permisos propios de infraestructura, como transporte, almacenamiento o distribución, para combatir el huachicol fiscal y cerrar el paso a empresas de papel.
Las nuevas Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecen que los comercializadores de petrolíferos y gas LP deberán ser titulares de al menos un permiso de transporte, almacenamiento o distribución.
Además tendrán que acreditar la prestación, gestión o contratación de servicios logísticos como parte de sus operaciones.
La regulación busca eliminar el modelo de intermediación sin activos fijos; también exige acreditar el origen lícito de los productos mediante expedientes con pedimentos de importación, contratos de compra y comprobantes fiscales con Complemento Carta Porte.
Además, prohíbe a los comercializadores adquirir combustibles de empresas distribuidoras, con el propósito de evitar desviaciones de volumen y frenar el comercio informal.
Las compañías deberán demostrar la materialidad de sus operaciones con plataformas digitales activas, personal contratado y ofertas de precios vigentes.
Si no acreditan actividad comercial durante seis meses consecutivos, la CNE iniciará el proceso de revocación del permiso.
También deberán registrar sus modelos de contrato y marcas comerciales, desglosar en las facturas los servicios logísticos y entregar reportes periódicos.
Las reglas contemplan sistemas computarizados de control volumétrico, dictámenes de laboratorio sobre la calidad de los productos y pruebas de materialidad física en los domicilios fiscales, para evitar operaciones con empresas fachada.
Asimismo, exigirán verificar los permisos vigentes en cada transacción, presentar contratos que acrediten el suministro lícito y vincular cada factura con un identificador único de contrato, denominado ContratoId.
Las medidas se conocen luego de que el 21 de octubre la Presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios de la Secretaría de Energía informaran que detectaron un desbalance de 8 mil 800 millones de litros de diesel, que habría representado una pérdida de 61 mil millones de pesos en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Las DACG precisan que el comercializador "debe ser titular al menos de uno de los permisos asociados a las actividades antes señalada".
Con el nuevo esquema, la autoridad busca depurar el padrón energético y mantener en el mercado a empresas con operaciones comprobables.
COMENTA ESTA NOTA