El nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso de Estados Unidos, derivado de los recientes comicios, perfila un escenario favorable para el sector inmobiliario mexicano al reducir la presión arancelaria y comercial, aseguró Bosco Quinzaños, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).
En entrevista con medios, el líder empresarial explicó que una administración de Donald Trump con mayores contrapesos legislativos, particularmente por el avance demócrata en las cámaras, deberá relajar las tensiones comerciales en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que abre la puerta para detonar nuevos flujos de capital hacia el país.
"Yo pensaría que el contrapeso en Estados Unidos va a tender a ser positivo. Si se descarga la presión en la relación comercial, debería tener efectos positivos en la inversión", afirmó el representante de los desarrolladores, tras destacar la urgencia de establecer un acercamiento temprano con el Congreso estadounidense antes de los reajustes políticos de 2027.
No obstante, reconoció que el panorama guarda un componente mixto, ya que se prevé que Washington endurezca sus exigencias en materia de control fronterizo y combate a actividades ilícitas, un frente que podría generar fricciones en la relación bilateral.
Sin embargo, dijo que, de consolidarse la distensión comercial, la ADI anticipa que los sectores industrial y turístico concentrarán el mayor dinamismo en lo que resta del año y durante 2027.
Bosco señaló que la acelerada inversión global en inteligencia artificial está impulsando exponencialmente la manufactura de componentes electrónicos, eléctricos y cableado.
Este fenómeno ya detona demanda de espacios industriales principalmente en la región del Bajío y el centro del país, destacó.
Agregó que, también el turismo más allá de los destinos tradicionales de sol y playa, el atractivo gastronómico, cultural e histórico de ciudades como la capital del país está atrayendo cada vez más visitantes e inversión extranjera.
Por otro lado, el dirigente advirtió que el próximo año electoral en México representará un reto operativo para el sector, debido a que la tramitología y emisión de licencias suelen ralentizarse en periodos de transición política, por lo que pidió garantizar certidumbre jurídica y agilidad administrativa.
Pide regulación equilibrada
Respecto a la iniciativa de ley en materia de rentas justas impulsada en la Ciudad de México, el presidente de la ADI reveló que las proyecciones de construcción de vivienda nueva para 2027 entre sus socios se encuentran actualmente detenidas a causa de la incertidumbre regulatoria.
Aunque coincidió en la necesidad de proteger a las familias frente a aumentos desproporcionados, alertó que aprobar la iniciativa en sus términos actuales tendría un efecto contraproducente, pues encarecería las rentas iniciales, reduciría el inventario disponible y provocaría el deterioro de los inmuebles por falta de incentivos para el mantenimiento.
"Para las inversiones futuras, las inversiones institucionales y de fondos de pensiones requieren certeza jurídica y factibilidad de retorno; si está limitada, el inversionista lógicamente no avanza", puntualizó.
Para dimensionar los riesgos, citó antecedentes históricos y globales. En la Ciudad de México, dijo, el congelamiento de rentas en el siglo pasado derivó en el abandono, desinversión y deterioro del Centro Histórico.
Mientras que en San Francisco, Estados Unidos, recordó que la implementación de topes a los alquileres retiró cerca del 20 por ciento del inventario del mercado y provocó un alza inmediata de alrededor del 6 por ciento en los precios.
Y en Argentina, expuso, tras derogarse la ley de control de alquileres, la oferta de propiedades aumentó en pocas semanas y los precios disminuyeron entre 14 y 19 por ciento.
Subrayó que la capital del país enfrenta un déficit habitacional acumulado cercano al millón de viviendas, requiriendo al menos 70 mil unidades anuales frente a las apenas 20 mil edificadas el año pasado.
Ante ello, señaló que la solución radica en una legislación equilibrada, mayor eficiencia en permisos y una política de redensificación que permita pasar del promedio actual de 1.5 niveles de construcción a desarrollos de 5 o 6 niveles de uso mixto en zonas céntricas con servicios.
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