Especialistas advirtieron en el Senado que la figura de los jueces sin rostro implicaría violaciones a los derechos humanos y no garantiza juicios justos.
Durante una mesa de análisis en la Cámara alta, Mercedes Carbonell, del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, observó que los países que la han implementado terminaron por retirarla.
"Esa medida tiene fecha de caducidad", incidió.
La especialista sostuvo que, en todo caso, la reserva de identidad sólo podría considerarse como una medida excepcional, siempre que el riesgo para los juzgadores sea real y grave.
Por su parte, María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, reconoció que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes imparten justicia frente a las amenazas reales que enfrentan del crimen organizado, pero advirtió que el anonimato judicial no es compatible con los principios básicos de un juicio justo.
Explicó que a cualquier persona procesada se le impide conocer la identidad de la persona juzgadora, se podrá por lo tanto cuestionar su competencia, independencia e imparcialidad.
Cristina Reyes Ortiz, especialista en el Sistema Acusatorio en México por la Escuela Libre de Derecho, alertó que fallar en la regulación podría abrir las puertas a actos autoritarios.
"Lo único que estamos haciendo es abrir la puerta para que estas figuras autoritarias se apliquen en muchos más casos de los intencionados y se generen más violaciones a los derechos humanos".
En contraste, el presidente de la Barra Interamericana de Abogados de México, Rubén Pacheco Inclán, consideró la figura es viable en México, debido a los altos niveles de riesgos e impunidad a los que pueden estar expuestas las personas juzgadoras, o quienes intervienen en algún proceso penal.
El especialista sugirió que se revise, en su caso, la presencia de un comité ético que pueda autorizar la identidad reservada de jueces y fiscales por condiciones específicas.
Susana Gabriela Camacho Maciel, directora del Centro de Especialización del Poder Judicial del Estado de Tabasco, propuso que la Fiscalía General de la República informe sobre la aplicación y los avances que ya dispone la Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal.
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