La industria automotriz nacional y sus proveedores se preparan para un escenario de alta tensión. De cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), diversos organismos del sector advierten que el gobierno estadounidense endurecerá su postura para favorecer a su propia cadena de producción, lo que podría obligar a una reconfiguración total de la manufactura en Norteamérica.
Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), señaló que el escenario más probable incluye la exigencia de un porcentaje específico de componentes fabricados exclusivamente en suelo estadounidense. Esta medida rompería con la flexibilidad actual del tratado, donde el origen de las piezas puede provenir de cualquiera de los tres países socios para cumplir con el valor de contenido regional.
El factor chino y la electrificación
Uno de los puntos más críticos en la mesa de negociación será el bloqueo explícito a componentes de origen chino. Estados Unidos busca evitar que inversiones del gigante asiático utilicen a México como puente para entrar a su mercado sin aranceles. Esta restricción se centraría especialmente en tecnologías de vanguardia, como baterías para vehículos eléctricos, semiconductores y la certificación de minerales críticos.
Además de la procedencia de los materiales, la presión llegará por el lado laboral. Expertos de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz anticipan que Washington pedirá elevar el Valor de Contenido Laboral del 40% al 50%. Esto implica que la mitad de los componentes de un auto deberán fabricarse en zonas donde se paguen salarios superiores a los 16 dólares por hora, un desafío directo para la competitividad de las plantas en México.
Incertidumbre en la inversión
La industria ha manifestado su preocupación por la frecuencia de estas revisiones. Al realizarse cada seis años, el periodo resulta menor al ciclo de vida promedio de la producción de un vehículo, lo que genera incertidumbre para las inversiones a largo plazo.
De concretarse estas demandas, México enfrentaría el riesgo de un desplazamiento parcial de inversiones hacia Estados Unidos y un incremento generalizado en los costos de la cadena de valor regional, transformando el T-MEC de un acuerdo de libre comercio a una herramienta de control de procesos mucho más rigurosa.
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