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Ven dispareja contienda por turistas

Por Agencia Reforma
2026-04-21 00:00:00

En México, abrir y operar un hotel implica enfrentar una estructura de costos significativamente más alta que la de una propiedad ofertada en plataformas de hospedaje temporal como Airbnb, las cuales han ganado terreno en el sector turístico.

La diferencia no solo radica en el tamaño de la inversión inicial, sino en el volumen y complejidad de los requisitos regulatorios que deben cumplirse de manera permanente.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), los hoteles están sujetos a una cadena de autorizaciones que inicia desde la adquisición del terreno y se extiende durante toda su operación.

Sólo en la etapa inicial, hoteleros deben gestionar permisos de uso de suelo -incluyendo cambios de vocación y concesiones en zonas federales-, estudios de impacto ambiental en todas las fases del proyecto y licencias de construcción especializadas que integran criterios de seguridad, accesibilidad y protección civil.

Estos procesos no solo implican tiempo -que puede extenderse por años-, sino costos elevados en estudios técnicos, consultorías, derechos y adecuaciones de infraestructura. 

A lo anterior se suma la obligación de instalar sistemas que no son requeridos en las viviendas particulares que alquilan por plataforma: escaleras de emergencia, equipos contra incendios, plantas de tratamiento de agua, sistemas de ventilación industrial y accesos universales, entre otros.

En contraste, una vivienda que se incorpora a plataformas digitales puede operar bajo el uso de suelo habitacional existente, sin necesidad de reconvertirse formalmente a actividad turística.

Los requisitos de construcción se limitan a los de casa habitación, lo que elimina la necesidad de infraestructura especializada y reduce significativamente la inversión inicial.

La brecha se amplía durante la operación. 

Los hoteles deben mantener permisos activos, renovaciones periódicas y sistemas de monitoreo continuo en materia ambiental, sanitaria y de seguridad. Esto incluye medición de emisiones, manejo especializado de residuos, cumplimiento de normas oficiales mexicanas (NOM) y verificaciones constantes de instalaciones y equipos.

También enfrentan costos asociados a licencias de funcionamiento, registros turísticos, dictámenes de protección civil, pólizas de responsabilidad civil y certificaciones de calidad. 

A nivel administrativo, deben reportar información estadística al Inegi y cumplir con estándares internacionales de seguridad en pagos.

Los anfitriones de Airbnb operan con una carga mucho más ligera. 

Sus principales costos regulatorios se concentran en el pago de impuestos, el registro en padrones locales -cuando existen- y el cumplimiento de requisitos básicos de seguridad, como detectores de humo o señalización mínima. No están obligados a realizar monitoreos ambientales, ni a cumplir con la mayoría de las NOM aplicables a la industria hotelera.

Airbnb admite que poner en su plataforma una opción de hospedaje en poco tiempo es parte de su atractivo como modelo de negocio.

"El proceso está diseñado para ser accesible. Incluso quienes nunca han hospedado pueden activar su espacio en poco tiempo", explicó Sebastián Colín, director de relaciones con gobierno de la firma.

Givette Pérez Orea, directora de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), afirma que esta situación configura un entorno de competencia desleal con implicaciones urbanas, económicas y de seguridad.

"Más que una desventaja empresarial, el problema es que las rentas vacacionales están operando, en muchos casos, fuera del orden urbano y legal", afirma.

Insiste en que estas unidades se instalan en zonas no autorizadas, encarecen la vivienda y carecen de controles adecuados, lo que puede derivar en riesgos para turistas y residentes.

Además el impacto económico que genera difiere mucho al de un hotel, pues dicho sector emplea a más de 456 mil trabajadores formales a nivel nacional, mientras que las plataformas de hospedaje temporal fomentan la informalidad y reducen la integración con cadenas productivas locales, profundizando los desequilibrios en destinos turísticos, asegura.

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