El ministro Arístides Guerrero García propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar el proceso de fiscalización de 898.6 millones de pesos en recursos federales iniciado por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) contra el Municipio de Acapulco, lo que libraría de cualquier sanción a la presidenta municipal con licencia -aspirante a la gubernatura del estado-, Abelina López Rodríguez, por negarse a entregar la información requerida.
El proyecto, enlistado para discutirse el 6 de julio, sostiene que la ASE carece de facultades para revisar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), por lo que dicha función corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), conforme a los artículos 74 y 79 de la Constitución.
La propuesta señala que permitir la intervención de órganos locales en la fiscalización de aportaciones federales vulneraría el ámbito competencial reservado a la Federación y la autonomía hacendaria de los municipios.
“Un órgano de fiscalización local no tiene atribuciones para fiscalizar la totalidad de los recursos asignados y ejercidos por los entes fiscalizables locales. De manera más precisa: las aportaciones federales se encuentran excluidas de dicha facultad porque tales recursos tienen como finalidad el fortalecimiento de las haciendas locales y municipales mediante la provisión de recursos federales en apoyo a actividades específicas, mismas que sirven de complemento a las participaciones federales, pero con una naturaleza distinta”, señala el proyecto.
La controversia se originó el 28 de febrero de 2024, cuando la ASE de Guerrero ordenó auditar la cuenta pública 2023 del Ayuntamiento de Acapulco, encabezado por Abelina López, respecto de recursos del FAISMUN. Sin embargo, al iniciar la revisión el 13 de marzo, autoridades municipales rechazaron la diligencia al sostener que la fiscalización de recursos federales corresponde exclusivamente a la ASF.
Pese a ello, la ASE continuó el procedimiento y el 18 de septiembre de 2024 notificó observaciones preliminares por la falta de entrega de información sobre el ejercicio de esos recursos. Posteriormente, el 31 de marzo de 2025 emitió el Informe Individual de Auditoría, en el que observó un monto de 898.6 millones de pesos, equivalente al 100 por ciento de la muestra auditada del FAISMUN.
El 7 de abril de 2025, la fiscalizadora estatal notificó oficialmente el informe al municipio y le requirió documentación adicional, con apercibimiento de imponer multas y sanciones administrativas. Ante ello, el 27 de mayo de 2025, el síndico procurador de Acapulco, Miguel Jaimes Ramos, promovió una controversia constitucional ante la SCJN para impugnar las facultades de la ASE sobre esos recursos federales.
La Suprema Corte también tiene pendiente resolver una segunda controversia promovida por el mismo municipio, en la que se impugna el procedimiento de revocación de mandato de Abelina López iniciado por el Congreso de Guerrero en mayo del año pasado.
Sobre ambas controversias, en la anterior integración de la Corte, los ministros Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa concedieron medidas cautelares que suspenden cualquier actuación de la Auditoría Superior del Estado y del Congreso de Guerrero en perjuicio de la alcaldesa. Dichas suspensiones fueron ratificadas posteriormente por el nuevo Pleno del máximo tribunal.
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