Más de la mitad de los trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados que perdieron el apoyo económico mensual que recibían desde hace más de cuatro décadas ya inició acciones legales contra el recinto legislativo.
De acuerdo con Martín Melgoza, uno de los ex empleados afectados, alrededor de 280 de los 534 jubilados con derecho a recibir la ayuda mensual de 11 mil 800 pesos presentaron demandas antes de que concluya el plazo legal, previsto para el próximo 15 de julio.
El ex trabajador explicó que, aunque las denuncias fueron promovidas de manera individual, muchas de ellas cuentan con la asesoría del abogado Martín de la Madrid, ex magistrado laboral y ex secretario general del Sindicato del Congreso.
Melgoza señaló que las autoridades de San Lázaro informaron sobre una bolsa de 28 millones de pesos para otorgar un finiquito a los jubilados afectados. Bajo ese esquema, cada persona recibiría alrededor de 52 mil pesos, siempre y cuando acepte firmar el acuerdo correspondiente.
Sin embargo, los inconformes consideran insuficiente dicha cantidad. Según Melgoza, al contemplar el valor de las prestaciones y del apoyo mensual retirado desde abril, el monto de indemnización debería superar un millón de pesos por persona.
Indicó que cerca de 100 jubilados aceptaron el recurso ofrecido por la Cámara de Diputados, aunque afirmó que algunos habrían tomado esa decisión sin conocer que el pago implicaba renunciar de forma definitiva a las prestaciones y apoyos mensuales.
Además, alertó sobre la circulación de un audio en redes sociales en el que presuntamente se escucha al director de Recursos Humanos de la Cámara, Eduardo Medel Quiroz, y a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del recinto, Irma Sánchez Aguilar, hablar sobre posibles recortes a prestaciones de empleados en activo, incluido el estímulo de puntualidad.
Ante este escenario, los jubilados inconformes anunciaron nuevas movilizaciones y adelantaron que buscarán el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos internacionales para exigir el respeto a sus derechos laborales.
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