Las conversaciones entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y supuestos agentes del gobierno de Estados Unidos, generaron reacciones diversas en la Cámara de Diputados, pues mientras la oposición exigió que la mandataria aclare el propósito de dichas pláticas, el bloque de mayoría acotó que no hay indicios de ningún ilícito en los hechos.
En conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, recalcó que la presidenta Claudia Sheinbaum ya señaló que el audio divulgado –cuya autenticidad fue reconocida por Ávila—“no comprometía ninguna información delicada ni tampoco constituía delito alguno por parte de la gobernadora”.
El legislador, en cambio, destacó el hecho de que la plática de la mandataria local fue obtenida a través de espionaje, práctica que consideró “repugnante”, por lo que incluso consideró que Ávila “debería denunciar penalmente” la vigilancia ilegal en su contra. “No podemos acostumbrarnos en México a que el espionaje sea un instrumento para señalar actividades o conductas”, dijo.
En ese sentido, el ex gobernador de Zacatecas estimó que si Ávila “estaba espiada ilegalmente, no va a ser el único audio, me temo. Ella debería aclararlo, (pero) yo creo que va a haber más”.
Aunque señaló que no haría comentarios sobre la necesidad de que la gobernadora bajacaliforniana pida licencia, para “no sacar raja política”, Monreal aclaró que no es “defensor de nadie: si hay delito, se investigue, y si hay conducta antijurídica, que sea la autoridad la que lo determine”
Cuestionado sobre si Morena o el gobierno federal protegerían a la gobernadora, respondió:
“No, no. Morena no protege a ninguna conducta antijurídica. La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado con creces que no acepta, tolera ni encubre ninguna conducta antijurídica”, aseguró.
PAN exige transparencia
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Kenia López Rabadán (PAN), llamó a la gobernadora de Baja California a aclarar la naturaleza de la plática que se dio a conocer, ante la posibilidad de que esté revelando información de seguridad nacional únicamente para resolver un conflicto personal con las autoridades de Estados Unidos.
“Cuando se conoció la cancelación de su visa, la gobernadora requería dar una explicación amplia. El asunto fue presentado como un trámite personal, sin atender las implicaciones institucionales. Hoy ya no se trata únicamente de una visa. Los audios plantean dudas sobre una posible combinación entre sus gestiones personales ante autoridades estadounidenses y la información a la que tiene acceso por su responsabilidad pública”, dijo la legisladora en rueda de prensa.
Tras señalar que no busca “prejuzgar ni especular” sobre el tema, la panista exigió que Ávila aclare con quién sostuvo esas conversaciones y qué representación tenían esos interlocutores; si la gobernadora buscaba recuperar su visa o saber si existía una investigación en su contra; las razones del retiro de su visa; si existe alguna acusación o requerimiento de Estados Unidos en su contra, y si las autoridades mexicanas ya sabían de estas charlas.
López Rabadán llamó la atención sobre el hecho –revelado en los audios-- de que la gobernadora al parecer se está asesorando con un abogado especialista en investigaciones penales y de lavado de dinero, y lamentó que haya estándares diferentes para analizar el tema de Ávila y otros políticos morenistas, y el de la mandataria de Chihuahua, la panista Maru Campos.
“Sí sería muy bueno y ético que el tiempo que se destinó a Chihuahua se destinara para analizar lo que pasa en Baja California. Porque tener un rasero distinto no prestigia a la política, porque esa manera en la que se comunicó lo sucedido en Chihuahua, yo diría incluso hasta dolosa, ahora no sucede en Baja California, igual que con Sinaloa en su momento”, recalcó.
Al ser cuestionada sobre si la gobernadora sudcaliforniana debería pedir licencia a su cargo, López Rabadán consideró que esa “es una decisión en términos procedimentales de ella, o en su caso, si hubiera algún tipo de procedimiento legislativo en el Congreso o en la Cámara, sería una cuestión claramente de mayoría, mayoría que tiene su propio partido. Esta responsabilidad de aceptar, decir la verdad, pasa por un tamizador, por una coladera que se llama ética y congruencia”.
Más adelante, la panista insistió: “hay muchas figuras, desde la solicitud de licencia hasta el juicio político. (Ávila) forma parte de un partido político que tiene mayoría, tanto en el Congreso local como en el federal, así es que se vuelve muy complejo pensar en que sea una decisión de procedimiento. Debe ser una decisión ética, personal, de honorabilidad”.
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