La Suprema Corte ha perdido, prácticamente por completo, la herramienta más importante que le otorgó la reforma judicial de 1995, y enfrenta una disminución creciente de su poder como contrapeso y garante constitucional, alertan especialistas.
En 2025 y lo que va de 2026, la Corte sólo ha recibido tres acciones de inconstitucionalidad para impugnar leyes federales, de las que dos fueron desechadas y sólo una está en trámite, presentada en julio por el PRI para impugnar la reforma sobre integridad de candidaturas.
En este marco, la agenda legislativa desplegada por la Presidenta Claudia Sheinbaum ha quedado exenta de revisión por medio de este tipo de acciones, en contraste con el sexenio pasado, cuando casi todas las reformas relevantes de AMLO (Plan B de la reforma electoral o transferencia de la Guardia a la Sedena) fueron impugnadas y buena parte de ellas anuladas.
Para los expertos, el motivo principal no sólo es que los actuales integrantes llegaron a la Corte impulsados por Morena, sino también al dominio de ese partido y sus aliados en ambas Cámaras del Congreso, que son, junto con la FGR y la CNDH, los que podrían presentar algún tipo de recurso.
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