El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que contempla evaluar una posible reducción o eliminación de las protecciones federales para el lobo gris y el lobo gris mexicano, actualmente amparados bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
La medida abre la puerta a una revisión del nivel de protección que reciben estas especies en territorio estadounidense y ha provocado preocupación entre organizaciones conservacionistas, particularmente por las posibles consecuencias para el lobo mexicano, cuya población continúa bajo programas de recuperación.
La orden no supone por sí misma la eliminación inmediata de las protecciones, sino el inicio de un proceso de evaluación que podría derivar posteriormente en modificaciones a su estatus.
Preocupa especialmente situación del lobo mexicano
Organizaciones dedicadas a la conservación han cuestionado la decisión al considerar que una disminución de las protecciones podría comprometer los avances conseguidos durante décadas para recuperar las poblaciones de estos animales.
La preocupación es especialmente relevante en el caso del lobo gris mexicano, una subespecie cuya recuperación depende de esfuerzos coordinados entre México y Estados Unidos.
Los programas incluyen reproducción bajo cuidado humano, seguimiento de las poblaciones silvestres y liberaciones de ejemplares en zonas consideradas adecuadas para su supervivencia.
En México, durante 2026 se han realizado nuevas liberaciones como parte de los esfuerzos para recuperar a la especie y favorecer el establecimiento de poblaciones en vida silvestre.
Una especie con esfuerzos de recuperación en ambos países
El lobo mexicano estuvo cerca de desaparecer de su hábitat natural durante el siglo XX. Los programas de conservación permitieron mantener ejemplares bajo cuidado humano y posteriormente iniciar procesos para devolverlos a diferentes regiones de su distribución histórica.
Debido a que las poblaciones y los programas de recuperación involucran territorios de México y Estados Unidos, las decisiones adoptadas por las autoridades estadounidenses podrían tener repercusiones en los esfuerzos binacionales de conservación.
Los grupos ambientalistas sostienen que las poblaciones todavía requieren protección y seguimiento para garantizar una recuperación sostenible.
La administración Trump deberá ahora avanzar en la evaluación contemplada en la orden ejecutiva antes de que puedan concretarse eventuales modificaciones regulatorias.
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