El Pleno del Congreso del Estado de Sonora turnó a comisiones iniciativas relacionadas con la persecución de oficio del delito de abuso sexual, la atención a la salud mental de las mujeres con perspectiva de género y el fortalecimiento de las órdenes de protección para víctimas de violencia. Asimismo, se presentaron posicionamientos.
La diputada Deni Gastélum Barreras (Morena) propuso reformar el Código Penal del Estado de Sonora para establecer que el delito de abuso sexual se persiga de oficio, con el propósito de que las autoridades puedan iniciar las investigaciones al tener conocimiento de los hechos, sin que sea necesaria la querella de la víctima, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, amenazas o presiones que dificulten la denuncia.
En materia de salud, la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) propuso reformar la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora para incorporar la perspectiva de género en la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de los padecimientos de salud mental, así como fortalecer la capacitación del personal de salud para brindar una atención libre de estigmatización y revictimización. La propuesta también contempla incorporar este enfoque en programas de prevención, campañas informativas e investigaciones.
Por su parte, la diputada María Alicia Gaytán Sánchez (Morena) propuso reformas a la legislación estatal en materia de violencia contra las mujeres, seguridad pública y familia, con el objetivo de mejorar la coordinación entre autoridades y fortalecer el seguimiento de las órdenes de protección, desde su emisión hasta su cumplimiento, mediante el registro de los tiempos de respuesta y la atención de nuevos hechos de violencia o cambios en el nivel de riesgo de las víctimas.
Las iniciativas fueron turnadas para su análisis a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y para la Igualdad de Género.
En los posicionamientos finales, la diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC) y el diputado Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN) expresaron sus posturas respecto a un contrato de comodato otorgado por el Gobierno del Estado a una empresa en Guaymas para el desarrollo de una planta de licuefacción de gas natural.
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