En su debut, la llamada nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionó ayer durante cuatro horas en un ambiente de estrenos, simbolismos y desaseo de procedimientos.
De los 15 asuntos previstos para el día apenas resolvieron tres, entre ellos uno en el que matizaron el criterio que obligaba a invalidar leyes por falta de consulta previa a personas con discapacidad. También rompieron sus propias reglas: ignoraron el reglamento de sesiones aprobado la semana anterior al discutir acciones de inconstitucionalidad en vez de temas administrativos y laborales, y rebasaron una y otra vez el tiempo límite que por primera vez fijaron para cada intervención.
La sesión marcó el inicio de los trabajos jurisdiccionales de la nueva integración elegida por voto popular el 1º de junio, inaugurada por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, con un primer pronunciamiento en mixteco, su lengua natal, sin verificar el quórum y dando su primer golpe con el mallete. Participaron ocho ministros en forma presencial y Arístides Rodrigo Guerrero García se conectó a distancia por convalecer de un accidente vial del mes pasado.
El primer asunto fue la acción de inconstitucionalidad 186/2023, proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa contra leyes de salud de Chihuahua. Con éste, los ministros dejaron atrás el criterio de la vieja Corte –que cerró su periodo el 31 de agosto– al matizar la regla que obligaba a anular normas por no consultar a personas con discapacidad, y ahora se analizará caso por caso.
El cambio se interpretó como un triunfo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien desde su llegada en diciembre de 2024 cuestionó que en años recientes el pleno anterior anuló 56 normas –incluso progresistas– sólo por incumplir ese requisito, privilegiando el trámite sobre el fondo. “Es una perversión que creo que podemos detener en los criterios de esta nueva Corte de la justicia social”, dijo Lenia.
Aguilar, con un papel conciliador, también dio la razón a Batres: invalidar “la norma por el solo hecho de que no hubo consulta… le estaremos dando un nivel más alto que al derecho sustantivo”.
Reloj de adorno
El reglamento de sesiones publicado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación fijó 10 minutos para la exposición inicial, siete para la primera ronda, cinco para la respuesta, cinco para la segunda ronda y tres para la réplica. Pero no se respetó: Aguilar no marcó límites ni cortó intervenciones. Por el contrario, preguntaba si alguien más deseaba hablar mientras un cronómetro encendido en la pared se volvía mero adorno. La sesión mantuvo un lenguaje técnico y jurídico, como en épocas anteriores, lejos del tono ciudadano prometido.
Por primera vez desde el 18 de marzo de 2020 se permitió el acceso al estudiantes y periodistas al salón de pleno. Al inicio, personal de seguridad intentó prohibir cámaras y celulares, pero 20 minutos después el área de comunicación de la Corte se disculpó y aclaró que la medida había quedado atrás. Incluso algunos jóvenes que se quedaron dormidos fueron retirados y regresaron 20 minutos más tarde.
Hubo otros símbolos de cambio y ruptura. José de Jesús Cruz Sibaja, maestro en derecho y “voz institucional” de la Corte desde 2005, ya no presentó la sesión, ausente por primera vez desde que se televisaron los debates.
Dentro del pleno, los ministros mostraron desconcierto: se metieron propuestas de última hora que trabaron las votaciones; el ministro Irving Espinosa Betanzo confundió al titular llamándolo “magistrado presidente” y Giovanni Azael Figueroa pidió respetar el orden y el proceso de discusión ante el salto de temas.
En total sólo se discutieron tres de los 15 asuntos listados; el primero consumió dos horas con 12 minutos y un receso anunciado de 10 terminó durando 16. La ministra Loretta Ortiz fue la que más contrastó con la mayoría, votando en sentidos distintos en varias ocasiones y marcando las primeras diferencias abiertas de la nueva Corte.
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