El desarrollo de un marco regulatorio para las criptomonedas en México permanece rezagado debido al enfoque cauteloso de las autoridades, señala el Blockchain Latam Report 2025, elaborado por la agencia Sherlock Communications.
Pese a que el país ocupa la posición 14 a nivel mundial en adopción de criptomonedas según Chainalysis, todavía no cuenta con una normativa integral que defina con claridad cómo deben tratarse estos activos, incluso desde el punto de vista fiscal. Esta falta de lineamientos obliga a los usuarios a realizar sus propias interpretaciones, aumentando la incertidumbre en el sector.
“Actualmente, el entorno de México permite a la industria de las criptomonedas crecer bajo supervisión, pero se necesitan más avances (como leyes integrales o claridad fiscal) para que se considere un país verdaderamente favorable a las criptomonedas”, se puede leer en el documento.
De acuerdo con el reporte, la postura regulatoria de México ha sido de aceptación prudente y supervisión progresiva, sustentada principalmente en la Ley Fintech del 2018, que reconoce a las criptomonedas como “activos virtuales” válidos para transacciones electrónicas. Bajo esta Ley, las plataformas de intercambio y empresas del sector pueden operar como instituciones reguladas, siempre que se registren y cumplan con las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), entre las que se encuentra reportar cualquier transacción que supere los 2,500 dólares.
No obstante, no se han aprobado nuevas reformas específicas para criptomonedas hasta el primer semestre del 2025, lo que refleja el tono conservador de las autoridades. El Banco de México (Banxico) mantiene la supervisión de la política sobre activos digitales y ha reiterado una postura de “sana distancia”. En paralelo, el banco central trabaja en el desarrollo de una moneda digital propia, el peso digital, cuyo lanzamiento estaba previsto para finales del 2024, pero que continúa sin fecha definida tras diversos retrasos.
Por su parte, el reporte destaca que organismos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han emitido advertencias sobre la volatilidad y los riesgos de fraude asociados a las criptomonedas, aunque sin establecer nuevas disposiciones vinculantes.
Mientras México mantiene una postura cautelosa, otros países han avanzado en la definición de marcos regulatorios. En Estados Unidos, por ejemplo, se presentó la Ley Genius (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), una iniciativa que busca establecer el primer marco federal integral para el uso de stablecoins de pago respaldadas por el dólar. En Latinoamérica, Argentina ya cuenta con un marco legal y Colombia también analiza propuestas para regular este sector y dar mayor certeza jurídica a los usuarios y empresas.
Certeza fiscal, una necesidad
El reporte señala la urgencia de contar con reglas claras en materia tributaria, ya que los códigos fiscales en México aún no contemplan de forma explícita los ingresos relacionados con criptomonedas.
Menciona que no existe una Ley específica; se aplican principios fiscales generales. Las ganancias por operaciones con criptomonedas se consideran como ingresos o ganancias de capital.
México mantiene una posición neutral: permite actividades bajo la Ley Fintech sin imponer prohibiciones severas, lo que ha favorecido el crecimiento de un ecosistema robusto.
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